Un expresidente debe servir al Estado de por vida

Cuando un presidente abandona el poder, oficialmente deja el cargo, pero en realidad nunca deja de ser presidente. Conserva el tratamiento, mantiene contactos internacionales, sigue teniendo acceso a determinados entornos de influencia y, en la mayoría de países, continúa recibiendo privilegios pagados por el Estado: sueldo vitalicio, escoltas, vehículos oficiales, oficinas, personal de apoyo y protección especial financiada con dinero público.

Sin embargo, al mismo tiempo, muchos expresidentes pasan a participar en negocios privados, fondos de inversión, asesorías internacionales, consejos de administración o conferencias millonarias aprovechando precisamente el prestigio, la agenda de contactos y la experiencia acumulada durante sus años en el poder.

Esa contradicción debería terminar.

Quien ha ocupado la máxima responsabilidad de un país no puede convertirse después en un actor privado cualquiera. Un expresidente sigue siendo una figura estratégica del Estado y debería permanecer al servicio del país de por vida. No para seguir gobernando, sino para mantenerse disponible como asesor institucional permanente del presidente en funciones cuando la situación lo requiera.

Nadie conoce mejor las presiones del cargo, las relaciones internacionales o el funcionamiento real del poder que alguien que ya ha pasado por la presidencia. Un antiguo mandatario ha hablado directamente con líderes mundiales, ha participado en negociaciones delicadas, ha gestionado crisis nacionales e internacionales y ha tenido acceso a información extremadamente sensible sobre economía, energía, seguridad, diplomacia o defensa.

Ese conocimiento no desaparece cuando abandona el despacho oficial.

Precisamente por eso resulta difícil entender que, pocos meses después de dejar el cargo, algunos expresidentes entren en grandes corporaciones, trabajen para fondos internacionales, asesoren empresas privadas o cobren cantidades millonarias por conferencias y actividades relacionadas indirectamente con la influencia que obtuvieron mientras representaban al Estado.

El problema no es solo ético. También afecta directamente a la confianza pública.

El ciudadano ve cómo personas que tuvieron acceso a información privilegiada y capacidad de decisión sobre sectores estratégicos terminan beneficiándose económicamente gracias a contactos y conocimientos adquiridos mientras ocupaban la presidencia. Aunque no revelen secretos concretos, su experiencia tiene valor precisamente porque dirigieron el país.

Por eso debería existir una incompatibilidad permanente entre haber sido presidente y participar posteriormente en negocios privados, inversiones estratégicas, actividades de lobby, asesorías internacionales o cualquier actividad económica que pueda generar conflictos de interés con los intereses nacionales.

Y esto no sería algo extraño ni imposible de aplicar.

Muchas grandes empresas privadas ya obligan a sus altos directivos y empleados estratégicos a firmar cláusulas de confidencialidad y no competencia. En numerosos sectores, quienes manejan información sensible tienen prohibido trabajar para empresas rivales o ejercer determinadas actividades durante años, precisamente para proteger datos internos, estrategias comerciales y relaciones empresariales.

Si eso ocurre en el sector privado para proteger intereses económicos de empresas, con mucha más razón debería aplicarse a quien ha ocupado la máxima responsabilidad de un Estado. Un presidente no maneja simples datos comerciales: conoce información diplomática, económica, militar, energética y de seguridad nacional que puede seguir teniendo un enorme valor incluso décadas después de abandonar el cargo.

Por eso habría que cambiar la ley y establecer claramente que quien aspire a la presidencia acepta desde el primer día una condición especial de servicio permanente al país. La presidencia no debería entenderse como una etapa temporal dentro de una carrera política o una plataforma para generar riqueza posteriormente. Debería asumirse como una responsabilidad de Estado que deja obligaciones permanentes.

A cambio de los privilegios vitalicios que ya concede el Estado, el expresidente debería mantener una obligación institucional continua y una prohibición total de utilizar su experiencia presidencial para beneficio privado.

No tendría sentido cobrar una paga pública de por vida y, al mismo tiempo, enriquecerse gracias a contactos, influencia o conocimientos adquiridos mientras se representaba al país. De la misma manera que a cualquier ciudadano se le retiran determinadas ayudas públicas cuando empieza a percibir ingresos incompatibles, un expresidente tampoco debería mantener privilegios estatales mientras participa en actividades privadas lucrativas relacionadas con su etapa en el poder.

Además, un expresidente debería permanecer disponible para colaborar con el Estado siempre que fuese necesario. En situaciones de crisis internacional, conflictos diplomáticos, amenazas económicas o negociaciones complejas, su experiencia podría resultar extremadamente valiosa. No se trataría de devolverle poder político, sino de aprovechar un conocimiento acumulado que pertenece, en cierto modo, al patrimonio estratégico nacional.

Actualmente muchos expresidentes actúan como figuras privadas casi inmediatamente después de abandonar el cargo. Algunos escriben memorias multimillonarias, otros participan en grandes operaciones empresariales y otros se convierten en intermediarios internacionales gracias a la influencia obtenida durante su presidencia. Todo eso genera una sensación creciente de privilegio político y de utilización privada de una responsabilidad que debería haber sido exclusivamente pública.

Naturalmente, una medida así exigiría cambios legales profundos, pero tampoco sería algo ajeno a lo que ya ocurre en otros ámbitos. Las leyes pueden modificarse cuando existe voluntad política y cuando el interés general lo justifica. Si las empresas privadas pueden imponer limitaciones profesionales a quienes manejan información sensible, el Estado también debería poder hacerlo con quienes han dirigido el país.

Incluso sería razonable estudiar la aplicación retroactiva de determinadas incompatibilidades para antiguos mandatarios que siguen beneficiándose de privilegios públicos derivados de su etapa presidencial. Porque el problema no desaparece con el paso del tiempo: la influencia, los contactos y la información adquirida durante la presidencia pueden seguir teniendo valor durante décadas.

En el fondo, la cuestión es sencilla. Un expresidente no deja de ser una figura de Estado cuando abandona el cargo. Y precisamente por eso tampoco debería actuar después como si fuese únicamente un ciudadano privado más.

Quien decide presentarse a la presidencia debería hacerlo entendiendo que no se trata de un trabajo temporal cualquiera. Es la máxima responsabilidad nacional. Y una responsabilidad así no debería terminar nunca.