Imagínate que para cruzar la calle te exigieran rellenar tres formularios, solicitar una licencia con tres meses de antelación y contratar a un auditor independiente que certifique que tu calzado cumple con la normativa comunitaria de tracción peatonal. Suena absurdo, pero esa es exactamente la realidad a la que se enfrentan cada día miles de empresas, emprendedores y profesionales en nuestro continente. Estamos atrapados en las redes de la hiperregulación, esa obsesión enfermiza de los despachos por legislar cada pequeño respiro, cada código informático y cada transacción económica, convirtiendo el progreso en un trámite interminable.
Cuando la burocracia se multiplica sin freno, las consecuencias dejan de ser molestias administrativas para convertirse en un freno de mano puesto a la economía. El primer impacto directo lo sufren los de siempre, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. Una gran multinacional puede permitirse contratar a todo un departamento de abogados y consultores dedicados exclusivamente a descifrar el último reglamento de trescientas páginas emitido desde la administración. Pero para una pyme o un emprendedor que intenta levantar un negocio con su propio esfuerzo, este entramado de normas indescifrables representa una barrera infranqueable. Los costes de cumplimiento aplastan el margen de beneficio antes de haber vendido el primer producto, destruyendo la competencia y protegiendo de facto a las grandes corporaciones que sí pueden pagarse el peaje.
En el ámbito tecnológico, la situación resulta aún más dramática. La innovación es, por definición, un proceso caótico, rápido y basado en el ensayo y error. Si obligas a que cada avance en inteligencia artificial, cada uso de datos o cada nueva solución digital pase por el filtro estricto de normas redactadas por burócratas que no entienden la tecnología, lo que consigues no es seguridad, sino parálisis. Mientras otras regiones del planeta prueban, lanzan productos y lideran las industrias del mañana, en la Unión Europea nos dedicamos a regular minuciosamente lo que todavía ni siquiera hemos aprendido a fabricar. La creatividad se ahoga en el miedo a la sanción y los mejores talentos empaquetan sus maletas para emprender en lugares donde la ley acompaña en lugar de castigar.
Esta parálisis legislativa destruye de manera sistemática nuestra competitividad internacional. Cuando una norma tarda años en redactarse, debatirse y aprobarse, nace totalmente obsoleta. El mundo real cambia a una velocidad vertiginosa, pero las leyes permanecen rígidas, incapaces de adaptarse a la realidad del mercado o de permitir respuestas ágiles frente a una crisis impredecible. La consecuencia inevitable de este modelo es la pérdida paulatina de puestos de trabajo de calidad y la desaceleración del crecimiento económico. Nos hemos acostumbrado a un entorno donde es más fácil prohibir o restringir que permitir que las personas asuman riesgos y creen riqueza.
Es evidente que se necesita un marco legal básico que garantice la seguridad y proteja a los ciudadanos de los abusos. Nadie pide la ley de la selva. Sin embargo, hemos cruzado hace tiempo la frontera del sentido común para instalarnos en la hiperregulación destructiva. Si no logramos equilibrar la necesidad de control con la libertad imprescindible para experimentar, crecer y competir, terminaremos convertidos en un museo regulado a la perfección pero absolutamente incapaz de generar prosperidad para las próximas generaciones.
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