Hay pocas hipocresías tan cínicas y tan bien engrasadas como la de las ciudades que dependen del turismo para sobrevivir y, al mismo tiempo, lo tratan como una enfermedad contagiosa. Construyen su economía alrededor del visitante, lo promocionan sin descanso en ferias internacionales, llenan sus aeropuertos y puertos de cruceros gigantes, y luego, cuando el modelo que ellos mismos diseñaron se les va de las manos, imponen tasas, restricciones y campañas de desprestigio contra la misma actividad que les paga las facturas.
Venecia es el caso más descarado. Una ciudad cuya población residente ha caído por debajo de los 50.000 habitantes lleva décadas viviendo casi exclusivamente del turismo: hoteles, restaurantes, góndolas, cristalerías de Murano, máscaras, transporte… todo gira en torno al visitante. Durante años se permitió que los cruceros descargaran decenas de miles de personas al día a pocos metros del casco histórico sin ninguna planificación seria. El resultado es conocido: colapso, degradación y precios imposibles. ¿La solución del ayuntamiento? Cobrar entre 5 y 10 euros por entrar un solo día y limitar el acceso. No se toca a las grandes navieras ni a los hoteles de lujo; se castiga al visitante individual que llega en tren o autobús. La ciudad necesita desesperadamente ese dinero, pero ha decidido que lo quiere sin tener que ver demasiadas caras nuevas.
Barcelona ofrece otro ejemplo de manual. Durante lustros, las administraciones locales cerraron los ojos ante la explosión de apartamentos turísticos ilegales y la conversión masiva de vivienda en alojamiento para visitantes. El centro se vació de vecinos y se llenó de maletas con ruedas. Cuando el desequilibrio se hizo insostenible, la respuesta fue subir la tasa turística y anunciar la prohibición total de alquileres turísticos para 2029. Es decir: primero se permite el caos urbanístico durante quince años, se beneficia todo el mundo (propietarios, plataformas, bares, comercios), y cuando ya no hay marcha atrás, se carga el coste político y económico sobre el visitante que, en muchos casos, ni siquiera sabía que estaba contribuyendo al problema. El turista paga la fiesta y también la resaca.
Ámsterdam lleva una década vendiendo la misma contradicción. La ciudad diseñó su marca alrededor de la libertad, los coffeeshops, el Barrio Rojo y las despedidas de soltero de bajo coste. Ese fue el gancho durante décadas. Ahora que el modelo atrae precisamente al público que promocionaron, lanzan campañas oficiales con mensajes que rozan la hostilidad y aplican la tasa turística más alta de Europa: un 12,5 por ciento más una cantidad fija por noche. Cobran más que nadie y, al mismo tiempo, retiran el famoso cartel I Amsterdam porque promovía el turismo masivo. Es como si un casino se quejara de que entra demasiada gente a jugar después de haber puesto neones por toda la autopista.
Florencia multa con 500 euros por sentarse a comer un bocadillo en ciertas escaleras. Dubrovnik prohíbe las maletas con ruedas por el ruido mientras recibe cuatro cruceros simultáneos al día. Palma de Mallorca cuelga pancartas de rechazo en las fachadas aunque casi la mitad del PIB balear depende directamente del turismo. Kioto se lamenta del acoso a las geishas después de haber convertido la foto con maiko en producto estrella de todos los touroperadores. Bali impone una tasa de entrada de 10 dólares y al mismo tiempo permite que se construyan miles de villas ilegales que contaminan los arrozales.
El guion es idéntico en todas partes. Se fomenta sin límite el turismo porque genera ingresos rápidos y empleo precario. Se deja que el capital externo compre vivienda y expulse a los residentes sin poner apenas cortapisas. Cuando la ciudad se vuelve invivible para quien vive allí todo el año, se señala al turismo como el único culpable. Se implantan tasas y normas que recaen casi exclusivamente sobre el visitante individual o la familia de clase media, nunca sobre las grandes corporaciones hoteleras, navieras o plataformas digitales que son las que realmente mueven los grandes volúmenes. Se pronuncia el mantra del turismo sostenible mientras se sigue dependiendo del mismo modelo depredador que se critica.
Es una forma refinada de querer el dinero del visitante pero sin sus cuerpos, sin su ruido, sin su presencia física. Cobrar por respirar el aire de la ciudad y, al mismo tiempo, quejarse de que hay demasiada gente respirándolo. Depender económicamente de millones de personas a las que, en el fondo, se preferiría no ver nunca.
El visitante no inventó este sistema; se limitó a responder a la oferta que le pusieron delante. Las ciudades eligieron durante décadas priorizar el crecimiento turístico sin planificación seria, sin límites claros y sin repartir mejor los beneficios. Ahora que el modelo muestra sus costuras, en lugar de asumir la responsabilidad política y corregir los errores estructurales, optan por la solución fácil: más tasas al visitante y discursos de rechazo que calman la frustración local sin tocar a los grandes actores económicos. Así, las ciudades siguen ingresando, los residentes canalizan su enfado hacia un enemigo visible y los verdaderos responsables salen prácticamente indemnes. Esa es la gran hipocresía del turismo contemporáneo: necesitar desesperadamente al visitante, vivir de él, y al mismo tiempo tratarlo como un mal necesario al que hay que ordeñar y mantener lo más lejos posible de la vista.
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