En España, cuando alguien camina por la orilla del mar, da por hecho algo fundamental: la playa es de todos. Da igual que se trate de una cala escondida en Menorca o de un arenal kilométrico en Cádiz, porque siempre hay un acceso público y gratuito. Esto no es casualidad ni fruto del azar, sino el resultado directo de una norma pionera aprobada en mil novecientos ochenta y ocho. La Ley de Costas puso freno a la carrera urbanística desenfrenada que amenazaba con privatizar el litoral español y dejó meridianamente claro que la primera línea de mar no se vende a ningún postor. Para lograrlo, la ley estableció una franja de servidumbre de protección y recuperó paulatinamente terrenos ocupados de manera ilegal, garantizando que el dominio público marítimo-terrestre perteneciera al conjunto de la ciudadanía.
Esta enorme ventaja, que en España disfrutamos a diario sin reparar demasiado en ella, representa un verdadero lujo en comparación con lo que sucede en multitud de destinos internacionales. En México, por ejemplo, en zonas turísticas tan emblemáticas como Cancún o Los Cabos, los grandes complejos hoteleros se han apoderado por completo del frente marítimo, logrando que el acceso directo al mar sea una misión casi imposible para los propios habitantes locales. En Tailandia, en islas muy concurridas como Phuket, los bares, restaurantes y resorts se han adueñado paulatinamente de la arena, reduciendo al mínimo el espacio libre y provocando severos problemas de contaminación y erosión en la costa. Incluso en Estados Unidos, en estados como Florida, existen amplísimos tramos de costa que resultan prácticamente exclusivos para quienes tienen la suerte de poseer una mansión en primera línea.
La lista de agravios a la costa pública continúa en muchas otras partes del globo. En la isla de Madeira, la cotizada joya atlántica de Portugal, una parte sustancial del litoral ha sido engullida por complejos hoteleros y paseos marítimos privados que dificultan sobremanera encontrar un rincón de playa natural y accesible para el público general. Por su parte, en Italia, especialmente en regiones tan cotizadas como la Costa Amalfitana o la Riviera ligur, la inmensa mayoría de las playas están bajo el control de concesiones privadas. En estos lugares, para poner una simple sombrilla en pleno mes de agosto es necesario pagar tarifas astronómicas, y con frecuencia resulta imposible encontrar un metro cuadrado libre para quien solo desea darse un rápido chapuzón sin tener que pasar por caja.
La diferencia conceptual y práctica entre ambos modelos es abrumadora: mientras que en gran parte del mundo el mar se ha transformado en un privilegio reservado para unos pocos bolsillos privilegiados, en España continúa siendo un derecho democrático e inalienable. Esta sólida protección legal no solo asegura que cualquier persona pueda extender su toalla a orillas del mar Mediterráneo o del océano Atlántico, sino que también salvaguarda ecosistemas de enorme valor ambiental y fragilidad, como los sistemas dunares, las marismas costeras o las praderas de posidonia submarina.
La Ley de Costas española no es una simple norma técnica ni un trámite burocrático, sino una contundente declaración de principios colectivos que proclama que las playas son de todos y para todos. Quizá por esa razón, cuando un turista extranjero pasea libremente y sin trabas por una playa española, rara vez es consciente de que está disfrutando de un auténtico privilegio que en su propio país de origen probablemente le estaría vetado.
Preservar y blindar esta legislación ante presiones urbanísticas, intereses privados o decisiones políticas cortoplacistas es una tarea fundamental para toda la sociedad. Proteger el litoral no es solo cuidar nuestro patrimonio natural del presente, sino asegurar categóricamente un futuro en el que el horizonte del mar siga perteneciendo a todos por igual.
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