Cada vez que enciendo la radio o la televisión, siento una profunda indignación al escuchar a ciertos comentaristas, políticos y figuras públicas, muchos de ellos mayores de 30 años, hablar con una ligereza alarmante sobre la posibilidad de reinstaurar el servicio militar obligatorio o enviar a nuestros jóvenes a conflictos armados. No me refiero a todas las personas de cierta edad, sino a aquellos que, desde una posición de seguridad personal, defienden estas medidas sin considerar sus graves consecuencias. Parecen pensar que, por no tener 18 años, están exentos de los efectos de sus propuestas. Pero están completamente equivocados. En tiempos de guerra, nadie queda al margen. Los reclutamientos forzados, como hemos visto en conflictos recientes como el de Ucrania y Rusia, afectan a adultos jóvenes, pero también a personas de mayor edad e incluso, en casos extremos, a menores en roles no combatientes. Informes de organizaciones internacionales han documentado cómo ambos países han ampliado los rangos de edad para el servicio militar, afectando a hombres de hasta 60 años en algunos casos. Aunque no estés en primera línea de frente, las consecuencias de un conflicto, como el hambre, el desplazamiento forzado y la violencia generalizada, no discriminan por la fecha de nacimiento que ponga en tu documento de identidad.
Lo que más me indigna es la evidente contradicción de estas personas. Muchos de ellos condenan tajantemente la posesión de armas personales y tachan de irresponsables a quienes las tienen en casa, como ocurre en Estados Unidos o Suiza. Sin embargo, no dudan un solo segundo en abogar por enviar a miles de jóvenes a la guerra, donde el uso de las armas es un requisito inevitable. Por ejemplo, escuché en un programa de radio a un comentarista defender el servicio militar obligatorio citando a Suiza como modelo, pero omitiendo deliberadamente que en ese país la posesión de fusiles de asalto en los hogares es algo absolutamente común debido a su propio sistema de defensa territorial. Esta contradicción revela una falta absoluta de coherencia moral y política, ya que critican el uso de armas en un contexto civil pero las aceptan y promocionan cuando se trata de mandar a los hijos de los demás al combate.
Esta hipocresía queda aún más al descubierto en un caso real que presencié personalmente. Durante una discusión, una persona que defendía con apasionamiento la vuelta de la mili obligatoria, y que por cierto tenía hijos en edad adolescente, terminó admitiendo que en su juventud evitó hacer el servicio militar presentando una objeción de conciencia. Este hecho no es un caso aislado. En países donde el servicio militar fue obligatorio, como ocurrió en España hasta el año 2001, miles de jóvenes solicitaron formalmente la objeción de conciencia para evitar ir al ejército. Sin embargo, algunos de esos mismos individuos defienden ahora que los jóvenes de hoy pasen obligatoriamente por esa misma experiencia que ellos rechazaron en su momento. ¿Con qué autoridad moral se puede exigir a los demás lo que uno mismo no estuvo dispuesto a cumplir?
No niego que el servicio militar pueda tener argumentos a favor para sus defensores, como la preparación para la defensa nacional o el fomento de la disciplina, tal y como se plantea en países como Suiza o Israel. Pero esas razones no justifican en absoluto obligar a los jóvenes a enfrentarse a los horrores de un enfrentamiento bélico o a un entrenamiento militar forzoso sin considerar su voluntad ni las consecuencias a largo plazo. La guerra no es una película ni el servicio militar son unas vacaciones pagadas. Implica traumas físicos y psicológicos imborrables, riesgos reales de discapacidad y, en muchísimos casos, la pérdida irreparable de vidas jóvenes que tenían todo un futuro por delante.
Por eso resulta imprescindible hacer un llamado urgente a la reflexión. A los jóvenes les pido que alcen la voz, que participen en el debate público y exijan que la vía diplomática sea siempre la primera opción antes de considerar cualquier acción bélica. A la sociedad en su conjunto nos toca recordar que, cuando estalla un conflicto, absolutamente nadie queda a salvo de sus devastadoras consecuencias. En lugar de abogar por el reclutamiento obligatorio de ciudadanos, los gobiernos deberían priorizar la inversión en ejércitos profesionales bien entrenados, equipados y adecuadamente remunerados. En lugar de malgastar el dinero público en lujos prescindibles, como flotas de coches oficiales o eventos propagandísticos innecesarios, la clase política debería destinar los recursos a fortalecer la defensa profesional y a promover soluciones diplomáticas reales. La guerra jamás debe ser la respuesta, y mucho menos si se pretende financiar a costa de la libertad y la vida de nuestra juventud.
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