Cuando éramos pequeños nos preguntaban qué queríamos ser de mayores. Bombero, astronauta, médico, inocentes sueños de infancia. Hoy, con la sabiduría que dan los años y un par de titulares de prensa, lo tengo clarísimo. Yo de mayor quiero ser asesor. Sí, señor, asesor es el trabajo soñado, la verdadera cima del Olimpo laboral. ¿Por qué? Porque da la sensación de que no hay que hacer nada concreto, pero cobras como si fueras el mismísimo oráculo de Delfos.
Vamos a ponernos serios, o no tanto, para responder a una pregunta fundamental: ¿qué hace exactamente un asesor? La respuesta es tan clara como el agua de un charco después de una tormenta. Los políticos, esos seres iluminados que supuestamente nos guían hacia un futuro mejor, parecen necesitar auténticos ejércitos de asesores a su servicio. No uno, ni diez, sino cientos por cabeza. En España, los ministerios y los gobiernos autonómicos acumulan habitualmente cifras escalofriantes de asesores en nómina.
¿Y en qué asesoran con tanto ahínco? ¿En la marca de leche que hay que comprar para el desayuno? ¿En el color de la corbata adecuado para el próximo mitin? ¿O tal vez en cómo escribir en redes sociales sin meter la pata? Nadie lo sabe a ciencia cierta, porque cuando intentas averiguar algo, te topas de frente con el muro infranqueable del secreto de Estado.
Sí, has leído bien. Si preguntas quiénes son estos asesores, la respuesta suele camuflarse bajo el secreto de Estado. Si preguntas qué hacen exactamente, la respuesta es la misma. ¿Y cuánto cobran? Eso es como preguntar cuánto vale un cuadro de Picasso, no tiene precio, o más bien, cualquier cifra disparatada resulta válida. Según los datos de transparencia, los sueldos de estos puestos en la administración pública oscilan habitualmente entre los treinta mil y los ochenta mil euros anuales, dependiendo del cargo y la institución. Nada mal para un empleo cuya descripción operativa parece reducirse a estar ahí, por si acaso.
El colmo del sarcasmo llega cuando te das cuenta del círculo vicioso en el que estamos atrapados. Los políticos contratan asesores para que les aconsejen sobre cómo contratar a todavía más asesores. Mientras tanto, el ciudadano de a pie, ese contribuyente modélico que paga impuestos rigurosamente para financiar todo este circo, se queda con cara de póker. Uno se pregunta si de verdad hacen falta tantas mentes brillantes para decidir si el Boletín Oficial del Estado se maqueta en una tipografía o en otra. Seamos sinceros, si un responsable público necesita cuatrocientos asesores a su alrededor, igual el problema no es la falta de asesoramiento externo, sino la falta de algo mucho más básico, como el criterio propio.
¿Y qué hay del famoso enchufismo? Aquí el tono crítico no necesita ni un ápice de ironía, porque la realidad habla por sí sola. En infinidad de casos, estos puestos de libre designación terminan ocupados por amigos, familiares o compañeros de partido. Personas que, casualmente, presentan un currículum que encaja como anillo al dedo en un puesto creado a la medida.
Los datos oficiales respaldan esta sospecha generalizada. El Tribunal de Cuentas de España ha señalado en diversos informes que una gran cantidad de cargos de confianza y asesores se asignan sin seguir procesos de selección públicos ni transparentes. En la práctica, esto demuestra que el mérito y la capacidad son requisitos del todo opcionales, mientras que la lealtad ciega al jefe de turno es un elemento completamente innegociable.
No nos engañemos, la estructura actual está diseñada para que los ciudadanos no podamos hacer gran cosa al respecto. Sin embargo, no somos tontos y nos damos cuenta perfectamente de la jugada. Sabemos de sobra que detrás de cada plaza de asesor sin función conocida hay una factura abultada que terminamos pagando todos de nuestro propio bolsillo.
Descubre más desde Hauschildt
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
