A pesar del sólido marco normativo que regula la seguridad vial en la Unión Europea, continúa produciéndose una situación difícil de justificar desde el punto de vista técnico y ético: la comercialización legal de vehículos nuevos que obtienen cero estrellas en las pruebas de seguridad de Euro NCAP. Este hecho pone de manifiesto una discrepancia preocupante entre los requisitos legales mínimos exigidos para la homologación de vehículos y los estándares de seguridad que hoy se consideran esenciales para la protección de los ocupantes y del resto de los usuarios de la vía.
El Programa Europeo de Evaluación de Automóviles Nuevos, conocido como Euro NCAP, es un organismo independiente fundado en 1997 y respaldado por gobiernos europeos, asociaciones de consumidores y entidades del sector automotor. Su función es evaluar el nivel de seguridad de los vehículos nuevos mediante pruebas de choque frontales, laterales y traseras, así como la protección a peatones y la efectividad de los sistemas avanzados de asistencia a la conducción. La calificación que otorga, de cero a cinco estrellas, es reconocida como referencia técnica en toda Europa, pero no tiene carácter vinculante. Es decir, un coche puede recibir cero estrellas por parte de este organismo y, no obstante, ser vendido legalmente si cumple con las normativas mínimas de homologación establecidas por la legislación europea.
Esta situación se explica porque los requisitos legales de homologación, establecidos principalmente en el Reglamento de la Unión Europea 2019/2144, conocido como Reglamento General de Seguridad, y en el Reglamento 2018/858, se centran en asegurar el cumplimiento de ciertas características técnicas básicas como la estructura mínima, sistemas de frenado, luces o emisiones. Sin embargo, no exigen un nivel determinado de rendimiento en pruebas dinámicas de seguridad. Euro NCAP, en cambio, realiza evaluaciones más exigentes y actualizadas, lo que permite detectar deficiencias graves que no siempre son contempladas en los requisitos legales.
Ejemplos recientes ilustran la gravedad del problema. En el año 2021, el Dacia Spring, un modelo cien por ciento eléctrico y uno de los más asequibles del mercado europeo, obtuvo solo una estrella Euro NCAP, con resultados preocupantes en la protección de adultos y en la oferta de sistemas de asistencia. Otro caso llamativo fue el del Renault Zoe, también en 2021, que recibió cero estrellas debido a su bajo rendimiento en pruebas de choque lateral y la ausencia de sistemas de seguridad activa como el frenado autónomo de emergencia. En 2018, el Fiat Panda fue igualmente calificado con cero estrellas. Estos vehículos, aunque totalmente legales, no ofrecen una protección adecuada en caso de colisión y suponen un riesgo real para sus ocupantes y para terceros.
Esta problemática afecta de forma desproporcionada a los consumidores con menor capacidad adquisitiva, que suelen optar por vehículos económicos donde la reducción de costes frecuentemente implica recortes en seguridad. Se genera así una desigualdad estructural donde quienes menos pueden pagar acceden a vehículos menos seguros. Esta situación contraviene el principio de equidad en la seguridad vial y debilita los esfuerzos públicos para reducir la siniestralidad en carretera.
Además, la venta de vehículos con cero estrellas contradice objetivos estratégicos de la propia Unión Europea, como la Estrategia de Seguridad Vial para el periodo entre 2021 y 2030, así como la visión a largo plazo de alcanzar cero víctimas mortales en carretera para el año 2050. Aunque se han logrado avances importantes en los últimos años, la permanencia de vehículos altamente inseguros en el mercado limita el impacto positivo de las nuevas tecnologías.
Desde el punto de vista técnico y regulatorio, resulta perfectamente viable establecer un umbral mínimo obligatorio de seguridad basado en estas evaluaciones. Una medida concreta sería exigir al menos tres estrellas para autorizar la venta de nuevos modelos en Europa. Esto no implicaría introducir tecnologías inalcanzables ni aumentos excesivos de costes, ya que muchos modelos asequibles ya alcanzan ese umbral gracias a una correcta integración estructural y de sistemas electrónicos.
La normativa europea obliga desde julio de 2022 a incorporar ciertos sistemas de asistencia en los vehículos nuevos, como el mantenimiento de carril, la advertencia de fatiga y el frenado autónomo de emergencia. No obstante, esta normativa no exige una calificación mínima de rendimiento global. Según datos del propio organismo, en 2023 más del 80 por ciento de los vehículos evaluados obtuvieron cuatro o cinco estrellas, lo que indica que la tecnología para ofrecer altos niveles de seguridad ya está ampliamente disponible. Sin embargo, cada año todavía se detectan modelos con calificaciones de cero a dos estrellas, lo cual representa un problema persistente en el segmento de vehículos urbanos y eléctricos de bajo coste. Alinear la legislación europea con estos estándares no solo es técnicamente factible, sino indispensable para proteger a los conductores.
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