En los últimos años, la presencia de menores en marchas políticas, manifestaciones y protestas ha generado un debate feroz. Mientras algunos argumentan sin rodeos que esta práctica fomenta la conciencia social desde la cuna, otros advierten sobre los graves riesgos físicos, emocionales y psicológicos a los que se expone a los más pequeños en semejantes contextos. Más allá de las pancartas y las posturas ideológicas de cada cual, es fundamental poner sobre la mesa el bienestar de los menores y su derecho sagrado a no ser arrastrados a batallas que solo competen a los adultos.
Las marchas y manifestaciones públicas pueden convertirse en verdaderos escenarios de tensión y conflicto. Es cierto que en muchas ocasiones estas concentraciones se desarrollan de forma pacífica, pero nadie puede negar que de un momento a otro pueden derivar en disturbios, enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden o agresiones entre los propios asistentes. Exponer a un niño a estas situaciones pone en peligro directo su integridad física. Un menor en medio de una multitud agitada puede quedar atrapado en estampidas, sufrir lesiones severas por objetos lanzados al aire o inhalar gases lacrimógenos en caso de una carga policial.
Más allá del peligro físico evidente, el ambiente de confrontación abierta deja una huella emocional muy profunda en los más vulnerables. Los gritos descontrolados, las consignas agresivas y las escenas de violencia explícita provocan miedo intenso, ansiedad y profunda confusión en la mente infantil. A largo plazo, esta exposición reiterada altera por completo su percepción del entorno, sembrando una angustia constante o, lo que es peor, predisponiéndolos a aceptar la violencia y la bronca como un medio legítimo de expresión ciudadana.
Si acudimos a la legalidad y a la ética básica, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, deja claro que los menores tienen derecho a desarrollarse en un entorno completamente seguro y libre de presiones ideológicas. Educarlos en valores cívicos y fomentar su pensamiento crítico es perfectamente válido y deseable, pero eso no justifica jamás su participación forzada en marchas que responden a las agendas e intereses políticos de los mayores.
El artículo 12 de dicha convención establece que los niños tienen derecho a expresar su opinión libremente en los asuntos que les afectan y a que se tenga en cuenta su voz según su edad y madurez. Sin embargo, esto jamás debe interpretarse como un cheque en blanco para utilizarlos como herramientas de presión política ni para exponerlos a situaciones de riesgo manifiesto. Obligar o condicionar a un niño a asistir a una marcha en contra de su voluntad o sin la madurez necesaria para comprenderla es una vulneración directa de sus derechos y constituye una forma evidente de coacción familiar.
Los padres y cuidadores tienen la obligación moral y legal de proteger a los menores y garantizar su seguridad integral en todo momento. Aunque los adultos tienen pleno derecho a manifestarse, expresar sus ideas y militar en las causas que consideren oportunas, deben entender de una vez por todas que sus hijos no son extensiones de su propia ideología ni instrumentos al servicio de la protesta. En lugar de exponerlos a ambientes potencialmente peligrosos y hostiles, resulta infinitamente mejor educarlos en espacios seguros a través del diálogo, la lectura y el debate abierto. Ese es el único camino para que desarrollen un criterio propio sin poner en riesgo su vida ni su estabilidad emocional.
Descubre más desde Hauschildt
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
