Imagina pagar religiosamente tu póliza durante años con la tranquilidad de estar protegido. Sin embargo, cuando llega el desastre y reclamas la indemnización que te corresponde, la compañía responde cerrando el grifo. Esta pesadilla recurrente no es fruto de la casualidad ni de un simple error administrativo. En realidad, responde a una estrategia calculada y fría adoptada por varias aseguradoras para maximizar beneficios a costa del asegurado. En el sector se conoce popularmente como la táctica de negar, defender y declarar.
Esta fórmula trampa tiene su origen en la década de 1990, un periodo en el que consultoras de renombre como McKinsey & Company empezaron a asesorar a gigantes del sector sobre cómo multiplicar de forma agresiva su rentabilidad. Un caso emblemático fue el de Allstate Insurance en Estados Unidos, que implementó estas recomendaciones vendiéndolas como una supuesta lucha contra el fraude. La realidad fue muy distinta. La estrategia se extendió rápidamente a reclamaciones completamente legítimas, desencadenando una ola de litigios y levantando un muro para evitar el pago de indemnizaciones completas.
El engranaje de esta maniobra funciona en tres fases perfectamente sincronizadas. La primera consiste simplemente en negar la reclamación de entrada. La aseguradora rechaza la solicitud alegando cualquier pretexto, desde supuestas faltas de cobertura hasta errores tipográficos en la documentación o interpretaciones retorcidas de las cláusulas. El objetivo inicial es que el cliente se rinda antes de empezar.
Si el asegurado decide no amedrentarse y pelea por sus derechos, entra en juego la segunda fase, la de defender la negativa en los tribunales. La compañía despliega una estrategia legal agresiva y dilatoria, alargando el proceso judicial o administrativo durante meses o años. Dilatar los plazos busca asfixiar económicamente al reclamante y desgastarlo psicológicamente para que acepte una compensación miserable o abandone el proceso.
Finalmente, si el caso sigue adelante, se pasa a la etapa de declarar. La aseguradora somete al asegurado y a los testigos a interrogatorios minuciosos bajo juramento. El propósito de este despliegue no es esclarecer la verdad, sino buscar la más mínima inconsistencia en los testimonios para invalidar el reclamo o presionar a la víctima para que firme un acuerdo a la baja.
Las consecuencias de este modelo son devastadoras para los ciudadanos. Se crea un abismo en el acceso a la justicia, ya que las aseguradoras cuentan con presupuestos millonarios y bufetes de abogados dedicados exclusivamente a prolongar la batalla, mientras que el cliente medio carece de recursos para financiar un pleito interminable. Además de arruinar la reputación del propio sector y generar una desconfianza profunda, esta práctica pervierte la razón de ser del seguro, que no es otra que brindar protección en momentos de vulnerabilidad.
Aunque las entidades tienen el derecho legítimo de verificar las solicitudes y defenderse del fraude, esta estrategia antepone la rentabilidad financiera a la justicia contractual. Ante este panorama, diversos países han comenzado a imponer regulaciones mucho más estrictas para frenar tales abusos y exigir transparencia, recordando a la industria que una póliza de seguros es un contrato de protección, no un juego del desgaste.
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