En las últimas décadas, la prisa política por promover la bicicleta como la panacea de la movilidad urbana ha puesto patas arriba nuestras ciudades. Bajo la bandera del ecologismo y la vida sana, se ha desencadenado una reconfiguración agresiva de los espacios públicos que genera tensiones diarias y plantea preguntas incómodas sobre las verdaderas prioridades viales. La gran duda es si realmente estamos gestionando el espacio urbano de forma equitativa y racional o si nos estamos dejando llevar por modas ideológicas.
Una de las contradicciones más sangrantes de esta política es cómo se quita espacio a los peatones para regalarlo a los ciclistas. Las aceras, diseñadas originalmente para el paseo seguro de los transeúntes, se han visto invadidas o recortadas de manera alarmante. Los peatones se ven obligados a compartir su entorno con vehículos sobre dos ruedas que avanzan a velocidades considerables, lo que dispara los conflictos y el riesgo de atropellos. Parece haberse olvidado que el peatón es el eslabón más puro y genuino de la movilidad sostenible y que su seguridad debería ser intocable.
A esta injusticia se suma el olvido de las personas con movilidad reducida y de las familias que empujan carros de bebé. En muchas ciudades, el trazado caprichoso de los carriles bici ignora las necesidades de estos colectivos, dejándolos en una situación de absoluta vulnerabilidad. Priorizar la bicicleta sobre las personas con discapacidad o sobre los niños supone perpetuar una visión profundamente excluyente de la movilidad, anteponiendo un medio de transporte particular a las necesidades humanas más fundamentales.
Resulta igualmente desesperante la actitud de muchos ciclistas que deciden circular por la calzada teniendo un carril bici perfectamente habilitado a escasos metros. Esta conducta genera situaciones de elevado peligro y exaspera a unos conductores que ya soportan un tráfico denso y restrictivo. Si se invierten millones de euros en crear una infraestructura dedicada exclusivamente a las bicicletas, el uso de esos carriles debería ser obligatorio por pura lógica de seguridad y fluidez vial.
Tampoco sostiene un examen serio el uso de las carreteras como pistas de entrenamiento deportivo. Cuando los ciclistas alegan que necesitan la vía pública para entrenar, conviene recordar que los amantes del motor acuden a circuitos cerrados y pagan por ello. Existen velódromos e instalaciones específicas para la práctica deportiva. Permitir que grupos de ciclistas ocupen carreteras urbanas o interurbanas a altas velocidades pone en riesgo a todo el mundo e interrumpe el tráfico convencional sin justificación alguna.
Esta asimetría se refleja también en la normativa. A los automovilistas se les exige por ley guardar una distancia lateral mínima de metro y medio al adelantar a una bicicleta, una medida de seguridad respetable. Sin embargo, no existe la misma reciprocidad cuando los ciclistas zigzaguean entre los coches parados, invaden ángulos muertos o rozan los retrovisores sin contemplaciones. De igual modo, la costumbre de circular en paralelo en lugar de hacerlo en fila india entorpece las maniobras de adelantamiento y genera retenciones innecesarias. La fila india no es un capricho, es respeto elemental y prudencia básica.
Por todo ello, va siendo hora de exigir que las bicicletas jueguen con las mismas reglas de juego que el resto de los vehículos. Resulta incomprensible que se permita circular de noche o con poca luz sin prendas reflectantes ni alumbrado adecuado. Tampoco es razonable que no lleven matricula o identificación visible para asumir responsabilidades en caso de atropello o fuga, ni que no se les exija un seguro obligatorio de responsabilidad civil frente a terceros y una formación previa sobre el código de circulación.
Por mucho que el discurso políticamente correcto se empeñe en ocultarlo, la bicicleta tiene limitaciones evidentes. Es inviable para trayectos largos, resulta impracticable con lluvia, frío o calor extremo, tiene una capacidad de carga prácticamente nula y no es apta para todas las edades ni capacidades físicas. Pretender erigirla en la solución única para la ciudad es un error de bulto.
La verdadera movilidad urbana pasa por potenciar un transporte público eficiente, limpio y bien conectado, por crear zonas verdaderamente peatonales y por garantizar una red vial accesible para todos. La bicicleta puede tener su sitio, pero nunca a costa del respeto, la seguridad y los derechos de los demás usuarios del espacio público.
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