Imagina por un momento una relación de pareja marcada por el control absoluto, el chantaje emocional y la asfixia económica. En esta dinámica, uno de los miembros exige una tajada cada vez mayor del esfuerzo del otro, fiscaliza cada uno de sus movimientos y decide de manera unánime en qué se gasta hasta el último céntimo. Si la parte asfixiada insinúa siquiera que la situación es insostenible y que se está planteando armar las maletas para marcharse, la reacción de la parte dominante no es la autocrítica ni el diálogo. La respuesta inmediata es la manipulación, el insulto y la persecución. Te acusa de ingrato, te tilda de traidor y promete arruinarte la vida allá donde vayas para que no puedas escapar de su dominio.
Aunque parezca el guion de un drama doméstico sobre relaciones abusivas, esta es exactamente la dinámica que han decidido adoptar muchos gobiernos contemporáneos con sus propios ciudadanos. Vivimos en una época donde ciertos Estados imponen cargas fiscales verdaderamente desproporcionadas. No hablamos solo de una presión elevada en el impuesto sobre la renta, los beneficios empresariales o el patrimonio, que ya de por sí estrangulan la capacidad de ahorro e inversión de cualquier persona trabajadora. Hablamos también de una maraña constante de tributos indirectos, como el IVA o los gravámenes sobre el consumo básico, que encarecen el coste de la vida de manera silenciosa pero implacable.
Ante semejante panorama de asfixia económica, la reacción de muchas personas no es la rebeldía violenta, sino el puro instinto de supervivencia. Ciudadanos, profesionales de alta cualificación, emprendedores y creadores de riqueza deciden recoger sus cosas y buscar residencias fiscales en países con entornos más amables y respetuosos con su esfuerzo. Se produce así un éxodo inevitable de contribuyentes y una fuga de talento masiva hacia destinos que sí valoran la capacidad productiva.
Sin embargo, en lugar de revisar sus políticas presupuestarias o reflexionar sobre por qué sus ciudadanos prefieren marcharse antes que seguir financiando su aparato burocrático, los gobiernos reaccionan como el maltratador que se indigna cuando la víctima intenta cruzar la puerta. Empieza entonces la maquinaria del desprestigio y la manipulación pública. A quienes deciden cambiar de residencia fiscal se les coloca de inmediato la etiqueta de antipatriotas, buscando estigmatizarlos socialmente y avergonzarlos ante la opinión pública. Se construyen narrativas oficiales donde se culpa directamente al emigrante de la ruina del país, utilizando el chivo expiatorio para desviar la atención de unas políticas públicas nefastas e ineficaces.
Pero la cosa no se queda en el plano verbal. Igual que ocurre en las relaciones tóxicas, el control se ejerce mediante la fuerza y el castigo. A la estigmatización mediática le sigue una auténtica persecución fiscal, plagada de barreras legales, trabas administrativas y sanciones abusivas diseñadas para dificultar al máximo la salida o castigar retroactivamente a quienes lo han logrado. Es el uso del aparato estatal para someter a quien intenta liberarse de una tutela económica opresiva.
El resultado de esta estrategia autoritaria es devastador para cualquier comunidad. Se genera un ambiente social profundamente tóxico, marcado por el resentimiento, la desconfianza generalizada en las instituciones y la ruptura definitiva de la cohesión social. Cuando un gobierno sustituye la confianza y el respeto mutuo por el chantaje y la coacción, los ciudadanos dejan de sentirse parte de un proyecto común.
Para frenar la huida de capitales y recuperar a sus creadores de riqueza, la solución nunca pasa por apretar más las tuercas ni por insultar a los que se van. Pasa por construir un sistema de reglas justas, transparentes y moderadas que haga que quedarse sea una decisión racional y deseable, y no una condena de la que solo se puede escapar rompiendo el vínculo para siempre.
Descubre más desde Hauschildt
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
