El truco de los impuestos que siempre acabas pagando tú

Existe una ilusión muy extendida que los políticos y burócratas adoran cultivar: la idea de que se pueden acribillar a impuestos, multas, licencias, tasas y permisos a las grandes empresas o a los intermediarios sin que el ciudadano de a pie sienta el más mínimo pellizco en el bolsillo. Nada más lejos de la realidad. En el mundo económico real, da exactamente igual a quién le llegue la carta de la Hacienda pública o quién firma el cheque del tributo; al final del día, la factura completa la acaba abonando la misma persona de siempre, el consumidor final.

Este fenómeno tiene un nombre técnico bastante claro, la traslación fiscal. No es más que el proceso mediante el cual el contribuyente legal, es decir, el sujeto obligado por la ley a pagar un tributo, consigue transferir la carga pecuniaria real a los hombros de otra persona. Esto ocurre de dos formas muy concretas dentro del mercado. Por un lado está la llamada protraslación, que es el mecanismo más común e inevitable. En ella, el vendedor sencillamente incrementa el precio final de los bienes o servicios que ofrece para que sea el cliente quien sufrague la totalidad o una parte del impuesto. Por otro lado existe la retrotraslación, donde el comprador fuerte exige pagar menos a sus proveedores por la materia prima, trasladando el golpe fiscal hacia atrás en la cadena de suministro. Sea como sea, la carga fiscal nunca se evapora en el aire, sino que se desplaza hasta encontrar al eslabón más débil.

Las consecuencias directas de esta dinámica para cualquier persona corriente son devastadoras. La primera de ellas es un aumento sistemático e imprevisto en los precios de venta al público. Cuando el Estado encarece los costes operativos imponiendo licencias de actividad, licitaciones absurdas, tasas municipales o impuestos indirectos, las empresas no absorben ese castigo por puro altruismo. Simplemente ajustan sus tarifas para poder seguir manteniendo el negocio a flote.

Esto desencadena de inmediato una reducción brutal del poder adquisitivo real de las familias. Al tener que pagar bastante más dinero por exactamente los mismos productos de primera necesidad, el capital disponible para el ahorro o para otros gastos disminuye de forma drástica, mermando seriamente la calidad de vida general.

Ante este escenario de encarecimiento constante, a los consumidores no les queda más remedio que iniciar una búsqueda desesperada de alternativas. Si los bienes habituales se vuelven inaccesibles por la presión fiscal indirecta, la gente se ve forzada a consumir productos sustitutivos de peor calidad o gravados con tasas menores. Este fenómeno altera de forma artificial los patrones naturales de consumo de la sociedad y castiga gravemente la demanda de sectores clave.

Por si fuera poco, la traslación fiscal destroza cualquier pretensión de equidad económica. Este mecanismo actúa con un carácter marcadamente regresivo, cebándose con muchísima más fuerza en los hogares de rentas bajas que en las economías acomodadas. Un impuesto indirecto encubierto en el precio final de la comida, de la gasolina o de la electricidad representa un porcentaje abrumadoramente mayor sobre el presupuesto de una familia humilde que sobre el de un gran patrimonio.

En definitiva, cada nuevo permiso, cada sanción arbitraria y cada tasa que la administración inventa bajo el pretexto de regular el mercado termina indefectiblemente repercutida en la etiqueta del escaparate. La traslación fiscal demuestra que no hay impuesto inofensivo y que, al final del camino, el consumidor es el único pagador de la fiesta estatal.