El crédito parece una herramienta inofensiva diseñada para sacarnos de un apuro o permitirnos comprar lo que no podemos pagar al contado. Sin embargo, detrás de esa aparente facilidad existe un engranaje financiero mucho más complejo que condiciona la economía de todos. Existen diferentes modalidades de financiación, desde los préstamos personales destinados a compras cotidianas sin una vinculación concreta a un proyecto, hasta los préstamos al consumo que compiten directamente con los pagos a plazos o las tarjetas de crédito. Por otro lado están los préstamos hipotecarios, respaldados por la garantía real de un inmueble para financiar la compra o construcción de viviendas. En ocasiones, estos compromisos exigen una garantía personal donde un tercero asume la deuda mediante un aval, o bien combinan ambas garantías cuando un familiar avala la operación hipotecaria. También existen los préstamos sin garantía, habituales en importes más pequeños, y varían en sus plazos de devolución, pudiendo ser a corto plazo hasta un año, a medio plazo entre uno y tres años, o a largo plazo cuando superan los tres años.
Lo que rara vez se explica es que el acceso masivo al crédito contribuye directamente a encarecer los bienes de consumo. Cuando se multiplica el dinero disponible en el mercado, la demanda de productos aumenta de forma artificial y pushing los precios hacia arriba. Esta presión constante alimenta una inflación generalizada que erosiona los ahorros de toda la sociedad. A esto se suma el propio coste financiero de las operaciones, ya que los altos intereses cobrados por las entidades se añaden al precio final del producto, encareciéndolo aún más.
Por si fuera poco, pedir prestado conlleva una lista interminable de gastos asociados que inflan la factura. En una hipoteca hay que asumir la tasación del inmueble, los costes de notaría, los aranceles del Registro de la Propiedad, la gestión administrativa y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, sumados a las comisiones de apertura por el estudio y tramitación del expediente. Y si las cosas se tuercen y el prestatario no devuelve el importe según el plazo acordado, se desencadena una tormenta perfecta. El prestamista reclutará intereses de demora, exigirá el pago a los avalistas, embargará bienes mediante reclamaciones judiciales e inscribirá al deudor en registros de morosos.
Sin embargo, cuando el fallo en el sistema es masivo, el problema deja de ser privado y entran en juego los rescates bancarios. En España, las ayudas públicas y la financiación europea inyectada para salvar a bancos y cajas de ahorros tras la crisis de 2008 demostraron la cara más amarga de este modelo. Entidades como Bankia o Catalunya Bank recibieron miles de millones gestionados a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Desde 2009 se movilizaron más de 64.000 millones de euros sumando las aportaciones del Fondo de Garantía de Depósitos, de los cuales más de 43.000 millones de euros se dieron por perdidos definitivamente, representando un 73 % de las ayudas públicas aportadas que jamás regresarán. Toda esa fiesta financiera derivada del colapso de la burbuja inmobiliaria la terminamos pagando entre todos a través de nuestros impuestos, dejando una deuda pública astronómica que todavía arrastramos.
Por este motivo, la restricción del crédito es una herramienta indispensable para gestionar el riesgo y evitar catástrofes colectivas. Las entidades deben denegar préstamos en situaciones evidentes de incapacidad de pago, cuando existe un historial en ficheros de morosidad, o en perfiles con mayor cautela como menores de 23 años o mayores de 65 años. Restringir la financiación protege al sistema y evita que el endeudamiento irresponsable derive en quiebras colectivas. Si sabemos que el crédito descontrolado encarece la vida cotidiana y termina generando agujeros negros que debemos rescatar con dinero público, cabe hacerse una pregunta inevitable. ¿Tiene algún sentido seguir concediendo préstamos para financiar lujos prescindibles como coches de alta gama, embarcaciones de recreo, segundas residencias o inmuebles en zonas exclusivas a personas que claramente no se los pueden permitir? La respuesta parece evidente, pero el sistema prefiere seguir mirando hacia otro lado.
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