El servicio de inteligencia suizo (NDB) está bajo la lupa tras dos informes críticos de la autoridad de supervisión (AB-ND). Los reportes revelan fallos graves: por un lado, el NDB guardó datos de opositores a las medidas contra el COVID-19 más tiempo del permitido; por otro, no está haciendo lo suficiente para frenar a extremistas de izquierda dispuestos a usar la violencia. Estas revelaciones han encendido las alarmas sobre cómo el servicio protege los derechos de los ciudadanos y enfrenta amenazas reales.
Uno de los problemas más serios es la gestión de datos sobre personas y grupos que se opusieron a las restricciones por la pandemia. Según la ley suiza, si no hay pruebas de que alguien representa un peligro dentro de un año, sus datos deben eliminarse. Sin embargo, el NDB no lo hizo en varios casos, afectando a menos de diez personas o grupos. Aunque el servicio asegura que ya borró esos datos, el error plantea preguntas sobre el respeto a los derechos fundamentales. ¿Cómo puede un organismo encargado de la seguridad nacional cometer fallos que afectan la privacidad de los ciudadanos?
En cuanto al extremismo de izquierda, los informes señalan que el NDB no está usando todas las herramientas a su alcance para combatir a grupos violentos. En 2023, se registraron 60 incidentes relacionados con extremistas de izquierda, y la amenaza se considera «elevada». Sin embargo, la supervisión critica una «cultura de liderazgo» que hace al personal demasiado cauteloso, lo que limita su efectividad. La colaboración con las autoridades cantonales también se ha debilitado, lo que podría dejar lagunas en la seguridad del país.
El NDB responde que ha tomado medidas, como crear un grupo especial para resolver retrasos en la gestión de datos y aumentar recursos para abordar el extremismo de izquierda. Sin embargo, advierte que las expectativas sobre su trabajo crecen mientras sus recursos no. La reorganización interna, liderada por el director saliente Christian Dussey, también ha generado tensiones y frustración entre los empleados, lo que no ayuda a mejorar la situación.
Estos errores no son menores. Como dice Stefan Müller-Altermatt, presidente de la delegación parlamentaria de supervisión, «hay que mirar esto con lupa». La confianza en el NDB está en juego, y con ella, la seguridad y los derechos de los ciudadanos suizos. ¿Podrá el nuevo director, Serge Bavaud, enderezar el rumbo cuando asuma en noviembre?
Lo preocupante es que esto no parece un caso aislado en Suiza. En otros rincones de Europa y el mundo, servicios de inteligencia han caído en prácticas similares, vigilando de forma excesiva a críticos de las medidas pandémicas y fallando en contrarrestar extremismos reales. En Alemania, por ejemplo, la agencia de inteligencia doméstica puso bajo vigilancia a activistas del movimiento «Querdenker» por su rechazo a los lockdowns, clasificándolos como posibles extremistas y creando un departamento especial para monitorearlos, lo que generó acusaciones de abuso de poder y erosión de la privacidad. En el Reino Unido, el programa Prevent ha sido criticado por extenderse a manifestantes anti-lockdown, mientras que en Australia, la policía y agencias como ASIO han usado vigilancia masiva en protestas contra restricciones, incluyendo reconocimiento facial y detenciones preventivas, lo que ha avivado debates sobre derechos civiles. Estos patrones sugieren un problema sistémico: en tiempos de crisis, la línea entre seguridad y control se difumina, priorizando la supresión de disidencia sobre amenazas genuinas como el extremismo de izquierda, que en la UE ha visto un resurgimiento con más de 400 ataques entre 2006 y 2020, pero con respuestas fragmentadas y recursos insuficientes. Si no se corrige, esto no solo debilita la democracia, sino que deja a sociedades enteras vulnerables a riesgos reales.
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