En las últimas semanas, las capitales europeas han vibrado con el eco de miles de voces hartas. En La Haya, miles de holandeses se echaron a las calles el sábado pasado para protestar contra la inmigración masiva, y lo que empezó como un desahogo pacífico terminó en caos: la policía respondió con cañones de agua y gases lacrimógenos, dejando al menos 30 detenidos y vehículos incendiados. No fue un incidente aislado. En Londres, hace apenas una semana, más de 110.000 personas marcharon contra las políticas de asilo, chocando con la policía en un pulso que dejó heridos y arrestos. Y en Polonia, julio trajo manifestaciones en más de 80 ciudades, organizadas por grupos de derecha que gritan «basta ya» a un flujo que, según ellos, amenaza con ahogar la identidad nacional.
La gente común, esa que camina por las mismas aceras todos los días, está exhausta. Hablan de un repunte en la delincuencia que no pueden ignorar: robos callejeros, agresiones y violaciones que, en muchos casos, involucran a recién llegados sin antecedentes penales claros de sus países de origen. En España, una joven de Valencia cuenta cómo un grupo de migrantes la quemó con cigarrillos durante las fiestas locales, y la policía le dijo que ni valía la pena denunciar porque el caso se archivaría. En el Reino Unido, hoteles que albergan solicitantes de asilo se han convertido en focos de tensión, con protestas semanales donde vecinos exigen que se priorice a los locales en vivienda y servicios. No es paranoia; los números hablan: en Alemania y Francia, las estadísticas muestran un desequilibrio en crímenes violentos ligado a comunidades migrantes, mientras el Estado parece doblar la rodilla con subsidios y permisos que dejan a los ciudadanos sintiéndose como segundos platos.
Lo que quema de verdad es el desdén de las autoridades. En lugar de escuchar, responden con porras y multas, como si el problema se resolviera silenciando las quejas. Gobiernos que juran multiculturalismo terminan protegiendo a unos por encima de otros, ignorando cómo el porcentaje de inmigrantes –que en ciudades como Bruselas o Malmö roza el 40%– genera fricciones que van más allá de lo económico. ¿Es justo que un trabajador local vea su sueldo estancado mientras el sistema acoge oleadas sin control? ¿O que mujeres y niños sientan miedo en sus propios barrios? Estas preguntas no son de odio ciego; son el grito de una sociedad que pide equilibrio, no invasión.
Europa no es un club exclusivo, pero tampoco un coladero. Si los líderes siguen mirando para otro lado, estas marchas podrían ser solo el principio de un malestar que erosione la confianza en todo. Vale la pena detenerse y pensar: ¿hasta dónde llega la solidaridad antes de que se convierta en autosabotaje? Los ciudadanos lo están haciendo, y su rabia podría redefinir el continente.
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