En un mundo hiperconectado, donde la información fluye en tiempo real y las redes sociales son el corazón de la comunicación, el gobierno de Nepal decidió, en septiembre de 2025, dar un paso atrás en el tiempo: bloquear el acceso a 26 plataformas digitales, incluyendo gigantes como Facebook, Instagram, YouTube y X. La medida, justificada como un intento de regular plataformas no registradas, desató una tormenta de protestas lideradas por la generación Z, con un saldo trágico de al menos 19 muertos y cientos de heridos. Este acto no solo revela una desconexión abismal entre el gobierno y la realidad digital de sus ciudadanos, sino también un error de cálculo monumental sobre lo que significa, hoy en día, cortar el acceso a internet.
La decisión del gobierno de KP Sharma Oli, respaldada por el ministro de Comunicaciones Prithvi Subba Gurung, se presentó como una medida administrativa para garantizar el cumplimiento de una directiva de 2023 que exigía el registro de plataformas digitales en Nepal. Sin embargo, el argumento de la «regulación» se desmorona al considerar el contexto: el bloqueo se produjo en un momento de creciente descontento social, con las redes sociales amplificando críticas contra la corrupción y las fallas de gobernanza. Lejos de ser una simple formalidad burocrática, la medida parece un intento burdo de silenciar la disidencia, subestimando el papel de internet como espacio de expresión y organización. En un país donde el 90% de los 30 millones de habitantes usa internet, y plataformas como Facebook concentran el 87% del tráfico de redes sociales, cortar el acceso no es solo un inconveniente: es un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho a la información.
Este tipo de maniobras no es nuevo. Los gobiernos que prometen liberar a sus pueblos con discursos grandilocuentes de progreso y justicia suelen terminar dictando hasta el color de la ropa interior que sus ciudadanos deben usar. En Nepal, el gobierno de Oli se sumó a esta vieja tradición de los censores, aquellos que, bajo la fachada de proteger el orden o combatir la desinformación, buscan controlar cada aspecto de la vida pública y privada. Siempre son los mismos: los que llegan con promesas de libertad y terminan asfixiando la voz de sus ciudadanos. El bloqueo de internet en Nepal no es solo un error técnico o administrativo; es la materialización de esa mentalidad autoritaria que ve en la libertad de expresión una amenaza en lugar de un derecho.
El cálculo fallido del gobierno nepalí se hizo evidente en las calles de Katmandú, donde miles de jóvenes, muchos en uniformes escolares, se enfrentaron a la policía con pancartas que gritaban «Cerrar la corrupción, no las redes sociales». La represión, que incluyó gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua, no hizo más que avivar la furia. La violencia escaló hasta el punto de que los manifestantes irrumpieron en el parlamento, rompiendo puertas y prendiendo fuego a la entrada. La respuesta del gobierno, que incluyó un toque de queda y el despliegue del ejército, refleja una mentalidad autoritaria que ve en la conectividad una amenaza en lugar de una herramienta. La reversión del bloqueo el 8 de septiembre, tras las protestas, no fue un gesto de apertura, sino una capitulación forzada ante una ciudadanía que se negó a ser silenciada.
Más allá de Nepal, este episodio es un recordatorio de una tendencia global preocupante: los gobiernos, incluso los que se proclaman democráticos, recurren cada vez más al control del ciberespacio para sofocar la disidencia. Freedom House reportó en 2024 que la libertad en internet lleva 14 años en declive, y países como India, Pakistán y Bangladesh han utilizado tácticas similares de bloqueos selectivos. En Nepal, el impacto fue inmediato y devastador: pequeños negocios, periodistas, activistas y ciudadanos comunes quedaron aislados de las plataformas que sustentan sus ingresos, su trabajo y su voz. La excusa de combatir la desinformación o el crimen en línea no justifica el daño colateral de cortar el acceso a herramientas esenciales para la vida moderna.
El error de cálculo del gobierno nepalí no radica solo en subestimar la reacción ciudadana, sino en ignorar la naturaleza misma de internet en el siglo XXI. Bloquear plataformas digitales no es solo una medida técnica; es un acto político que aliena a una generación que ha crecido con la red como extensión de su identidad. La generación Z de Nepal no solo protestó contra el bloqueo, sino contra un sistema que percibe como corrupto y desconectado. La renuncia del primer ministro Oli, horas después de la reversión del bloqueo, es un indicio de las consecuencias políticas de este fiasco. Nepal ha aprendido, de la manera más dura, que en la era digital, apagar internet es apagar la voz del pueblo, y eso nunca sale gratis.
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