Francia vuelve a estar en el ojo del huracán económico europeo. Un informe reciente de BCA Research pinta un panorama sombrío: la deuda del país es tan abrumadora que ni siquiera el Banco Central Europeo (BCE) puede arreglarlo. Con un gobierno minoritario al frente, el primer ministro François Bayrou se enfrenta a un voto de confianza el 8 de septiembre que podría tumbarlo, pero el problema va mucho más allá de la política inmediata.
La deuda pública francesa alcanza el 115% del PIB, y si sumamos los préstamos privados, el total sube a un alarmante 325%. Solo Japón y Canadá se acercan a cifras parecidas en el G7, y los expertos advierten que superar el 300% es como caminar por la cuerda floja. El crecimiento económico se estanca, los intereses suben y el déficit, sin contar pagos de deuda, podría llegar al 3,5% si no hay recortes drásticos. Francia lidera el peor déficit primario del grupo, lo que significa que gasta más de lo que ingresa antes incluso de pagar intereses.
Muchos esperan que el BCE intervenga bajando tipos o comprando bonos, pero el informe es tajante: eso solo soluciona problemas de liquidez temporal, no de solvencia profunda. Si el banco central actúa, podría inflar aún más el crédito privado y agravar la situación. Los mercados ya lo notan; los bonos franceses rinden menos que los británicos, y los inversores piden más prima por el riesgo. BCA recomienda alejarse de ellos, señalando que Francia combina una deuda desorbitada con un bloqueo político que impide reformas.
Pensemos en lo que esto implica para la gente de a pie. Si la deuda se descontrola, podrían venir subidas de impuestos, recortes en servicios públicos o pensiones más bajas. Imagina familias luchando con hipotecas más caras mientras el gobierno aprieta el cinturón en sanidad o educación. Y en un contexto europeo, un tropiezo francés podría contagiar a vecinos como España o Italia, desestabilizando la eurozona entera.
Al final, la responsabilidad recae en los líderes políticos que han pospuesto decisiones duras durante años. Deben priorizar reformas fiscales reales en lugar de parches. Si no actúan, serán los mercados –y no los votantes– quienes dicten el futuro, forzando cambios dolorosos que pagaremos todos.
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