España está viendo cómo el capital extranjero huye a un ritmo preocupante. En 2024, más de 14.000 millones de euros abandonaron el país, el doble de los 7.000 millones que se fueron el año anterior. La situación no ha hecho más que empeorar en 2025, con un aumento del 35% en la fuga de capital entre enero y marzo respecto al mismo periodo de 2024. Mientras tanto, la entrada de nuevas inversiones apenas crece: la inversión bruta en capital y patrimonio solo aumentó un 2% el año pasado, y la inversión neta cayó un 27%. Los primeros meses de 2025 son aún más desalentadores, con una inversión bruta que se ha reducido a la mitad y una neta que se desploma un 73%.
Las razones de este desastre están claras. Los inversores huyen por la inseguridad jurídica que reina en España, con leyes que cambian constantemente y políticas impredecibles. Los impuestos, cada vez más altos, son otro gran obstáculo. Desde que Pedro Sánchez llegó al poder, se han aprobado más de 90 subidas fiscales, acompañadas de una persecución implacable por parte de Hacienda, que hace que los inversores se sientan señalados. A esto se suma una burocracia lenta, normativas confusas y una creciente desprotección de la propiedad privada, como la prórroga de la prohibición de desahucios. No es de extrañar que el capital prefiera destinos más amigables.
Las consecuencias de esta tendencia son graves. Menos inversión extranjera significa menos empleo, un crecimiento económico más lento y menos innovación, especialmente en sectores clave como la tecnología y la energía. Para los españoles de a pie, esto puede traducirse en salarios estancados, más paro y una economía debilitada. Si el Gobierno no cambia de rumbo, reduciendo impuestos, agilizando la burocracia y garantizando claridad legal, España corre el riesgo de convertirse en un ejemplo de oportunidades desaprovechadas.
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