Los autónomos en España están atrapados en una pinza económica que amenaza su supervivencia. Según un informe de Uatae, el 43% de estos trabajadores dedica entre un 25% y un 50% de sus ingresos netos mensuales a pagar el alquiler de sus locales. Esto significa que, para muchos, la mitad de lo que ganan se esfuma solo en mantener abierto el negocio. A esto se suma una presión fiscal cada vez más pesada, con el gobierno de Pedro Sánchez incrementando la cuota de autónomos para 800.000 trabajadores, según datos recientes.
Imagina a un pequeño comerciante, como una librera en un barrio céntrico, que tras pagar el alquiler de su local apenas le queda para cubrir otros gastos esenciales, como luz o proveedores. Si, además, debe enfrentarse a una carga tributaria que no para de crecer, la ecuación se vuelve insostenible. Uatae advierte que esta situación no es un problema pasajero, sino estructural. Los precios de los alquileres, especialmente en zonas urbanas, se han disparado, impulsados por fondos de inversión y grandes cadenas que encarecen el mercado. Esto no solo asfixia a los autónomos, sino que también vacía de vida los barrios, reemplazando tiendas de toda la vida por franquicias sin alma.
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) también ha alzado la voz, denunciando una fiscalidad “desproporcionada” que castiga especialmente a los pequeños negocios. María José Landaburu, de Uatae, lo resume con claridad: “Si un comercio cierra porque su alquiler se ha triplicado, eso no es crecimiento, es expulsión”. La combinación de alquileres prohibitivos y un sistema fiscal que no da tregua está empujando a muchos autónomos a cerrar sus puertas.
La responsabilidad recae en buena medida en las políticas públicas. El gobierno, lejos de aliviar la presión, parece empeñado en apretar más las tuercas con subidas fiscales que no consideran la realidad de los pequeños negocios. Mientras tanto, la falta de medidas para regular el mercado de alquileres comerciales permite que los precios sigan desbocados, especialmente en ciudades donde la especulación inmobiliaria campa a sus anchas.
Las consecuencias de este panorama son preocupantes. Si los autónomos, que son el motor de muchos barrios y el sustento de miles de familias, siguen cerrando, veremos un aumento del desempleo y una pérdida de identidad en nuestras ciudades. Los comercios locales no solo venden productos; crean comunidad, generan empleo y dan vida a las calles. Si desaparecen, el tejido social se debilita, y las grandes cadenas, que a menudo esquivan impuestos mediante estructuras fiscales complejas, ocuparán su lugar. Esto no solo perjudica a los autónomos, sino que empobrece a toda la sociedad.
Es hora de preguntarse: ¿qué tipo de economía queremos? ¿Una que apoye a quienes arriesgan todo para sacar adelante un negocio o una que favorezca a los gigantes a costa de los pequeños? La respuesta debería empujarnos a exigir políticas que protejan a los autónomos y frenen la especulación, antes de que sea demasiado tarde.
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