En los últimos años, los ayuntamientos han incrementado exponencialmente la organización de fiestas y eventos, transformando celebraciones que tradicionalmente duraban uno o tres días en auténticos maratones festivos que se extienden durante semanas o incluso meses. Esta tendencia, lejos de ser una mera anécdota, plantea serias cuestiones sobre el uso de los recursos públicos, el respeto a la ciudadanía y las verdaderas responsabilidades de las administraciones locales. ¿Es realmente la función de un ayuntamiento decidir cómo y cuándo deben divertirse sus ciudadanos? ¿Por qué debemos financiar con nuestros impuestos eventos que no siempre responden a los gustos o necesidades de la población?
Uno de los problemas más evidentes es la asignación arbitraria de presupuestos. Los ayuntamientos destinan cantidades significativas de dinero a contratar artistas o empresas de dudosa relevancia, cuyas elecciones parecen responder más a criterios opacos que a una demanda real de la ciudadanía. ¿Por qué debe un vecino soportar un concierto de un cantante que no le interesa, pagado con su propio dinero? Esta imposición no solo resulta injusta, sino que también ignora la diversidad de gustos y preferencias de los habitantes. Además, estas decisiones suelen estar acompañadas de una falta de transparencia en la contratación, lo que genera sospechas sobre posibles intereses ocultos o favoritismos.
Otro aspecto preocupante es el incumplimiento de normativas que los propios ayuntamientos exigen al sector privado. Las fiestas municipales a menudo se organizan sin respetar normas de seguridad, insonorización, accesibilidad, prevención de incendios o higiene. Es común ver eventos con baños portátiles en condiciones deplorables o escenarios improvisados que no cumplen con los estándares mínimos. Esta doble moral resulta indignante: mientras los negocios privados, como discotecas o salas de conciertos, deben cumplir estrictamente con regulaciones para operar, los ayuntamientos parecen eximirse de estas obligaciones, organizando eventos que no solo perturban el descanso de los vecinos, sino que también representan un riesgo para la seguridad.
Además, estas prácticas pueden considerarse una forma de intrusismo laboral. Los ayuntamientos, al organizar eventos como discotecas móviles o espectáculos que no cumplen con las normativas, compiten directamente con el sector privado, quitando oportunidades a empresas que sí invierten en cumplir con los requisitos legales. Una discoteca o un teatro privado, que paga impuestos y mantiene estándares de calidad, podría ofrecer los mismos servicios de manera más profesional y regulada. Sin embargo, los ayuntamientos optan por soluciones improvisadas que, además de ser ineficientes, afectan negativamente a la economía local.
La función de un ayuntamiento debería centrarse en garantizar servicios esenciales: limpieza de calles, recogida de basura, mantenimiento de infraestructuras, seguridad y acceso a la sanidad. Organizar fiestas, salvo las tradicionales que forman parte de la identidad de un municipio, no debería estar entre sus prioridades. Si los ayuntamientos tienen recursos suficientes para financiar eventos innecesarios, cabe preguntarse: ¿por qué no reducen los impuestos? Los ciudadanos no necesitamos que se nos impongan espectáculos de dudoso gusto, como un concierto de un artista mediático, sino que se nos permita decidir cómo gastar nuestro dinero, ya sea en un teatro que cumpla con las normativas o en una discoteca que garantice seguridad e higiene.
La proliferación de fiestas municipales no solo representa un despilfarro de recursos públicos, sino también una falta de respeto hacia los ciudadanos, tanto en términos de imposición cultural como de cumplimiento normativo. Los ayuntamientos deben volver a su esencia: gestionar eficientemente los servicios básicos y dejar que el sector privado, con sus propias reglas y estándares, se encargue de la oferta cultural y de ocio. Si sobra dinero, la solución no es inventar nuevas fiestas, sino devolverlo a los contribuyentes mediante una reducción de impuestos. Porque, al fin y al cabo, la libertad de elegir cómo y dónde divertirnos debería ser nuestra, no de un ayuntamiento.
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