Cuotas

En muchos países, bajo la apariencia de eficiencia administrativa, los gobiernos han implementado sistemas de “cuotas” que obligan a funcionarios públicos a cumplir con metas mensuales de sanciones, multas o arrestos. Aunque en teoría estas cuotas buscan mejorar el rendimiento y la fiscalización del Estado, en la práctica se han convertido en un mecanismo profundamente antidemocrático que distorsiona la función pública y genera injusticia social.

Un ejemplo claro de esta problemática es la imposición de cuotas a cuerpos policiales. A muchos agentes se les exige emitir un número determinado de multas por mes, independientemente de si realmente se han cometido infracciones. Esto incentiva una lógica perversa: no se sanciona para proteger a la ciudadanía ni para hacer cumplir la ley, sino para llenar una estadística. Como resultado, se multiplican las detenciones arbitrarias, las sanciones sin fundamento y el acoso al ciudadano común, quien termina siendo tratado como un número necesario para justificar presupuestos o ascensos.

Este fenómeno también se extiende a instituciones como Hacienda, donde inspectores fiscales pueden verse presionados a imponer cierto número de sanciones o clausuras para demostrar eficiencia. En lugar de velar por el cumplimiento justo de las normas tributarias, se convierte en una caza de brujas que perjudica especialmente a pequeños contribuyentes, emprendedores y trabajadores autónomos, que no siempre cuentan con los recursos para defenderse frente a abusos administrativos.

La perversión del sistema de cuotas tiene efectos corrosivos: alimenta la corrupción, porque algunos funcionarios, con tal de alcanzar las metas impuestas, recurren a extorsiones o fabrican faltas inexistentes; y mina la confianza ciudadana en las instituciones, porque la justicia deja de parecer imparcial para convertirse en un aparato punitivo con fines numéricos. Este enfoque cuantitativo deshumaniza la labor pública y desvirtúa la verdadera finalidad del Estado: proteger, servir y garantizar los derechos.

Desde una perspectiva democrática, las cuotas obligatorias en sanciones o detenciones son profundamente contradictorias. No solo violan principios básicos del derecho —como la presunción de inocencia y el debido proceso— sino que refuerzan una lógica autoritaria en la que el ciudadano es un medio para un fin burocrático. En lugar de premiar la calidad del servicio público, se premia la cantidad de castigos, sin considerar el daño colateral que esto implica.

Las cuotas en gobiernos para sancionar, multar o encarcelar son una práctica ineficaz, injusta y antidemocrática. Lejos de mejorar el funcionamiento del Estado, lo degradan, lo vuelven arbitrario y lo convierten en un enemigo de la ciudadanía. Es urgente repensar estos modelos de gestión y devolverle al servicio público su verdadero sentido: el bienestar de las personas, no el cumplimiento de metas numéricas sin alma ni ética.