En los últimos años, la presencia de niños en marchas políticas, manifestaciones y protestas ha generado un intenso debate. Mientras algunos argumentan que esto fomenta la conciencia social desde una edad temprana, otros advierten sobre los riesgos físicos, emocionales y psicológicos que pueden enfrentar los menores en estos contextos. Más allá de las posturas ideológicas, es fundamental considerar el bienestar de los niños y sus derechos a no ser involucrados en asuntos que competen a los adultos.
Riesgos físicos y emocionales
Las marchas y manifestaciones pueden ser escenarios de tensión y conflicto. En muchas ocasiones, estas concentraciones se desarrollan pacíficamente, pero también pueden derivar en disturbios, enfrentamientos con las fuerzas del orden o actos de violencia entre los asistentes. La exposición de los niños a estas situaciones pone en peligro su integridad física, ya que pueden quedar atrapados en estampidas, sufrir lesiones por objetos lanzados o inhalar gases lacrimógenos en caso de represión policial.
Además del peligro físico, el ambiente de confrontación puede generar un impacto emocional negativo en los menores. Los gritos, las consignas agresivas o las escenas de violencia pueden provocar miedo, ansiedad o confusión. A largo plazo, esta exposición puede afectar su percepción del mundo, generando angustia o predisponiéndolos a aceptar la violencia como un medio legítimo de expresión.
El derecho del niño a no participar en asuntos de adultos
De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, los menores tienen derecho a desarrollarse en un entorno seguro y libre de presiones ideológicas. Si bien es válido educar a los niños sobre valores cívicos y fomentar su pensamiento crítico, esto no debe implicar su participación forzada en manifestaciones que responden a intereses políticos de los adultos.
El artículo 12 de dicha convención establece que los niños tienen derecho a expresar su opinión en los asuntos que les conciernen y a que se les tome en cuenta según su edad y madurez. Sin embargo, esto no significa que deban ser utilizados como herramientas políticas ni expuestos a situaciones de riesgo en contra de su voluntad. Obligar a un niño a asistir a una marcha o manifestación en contra de su deseo es una vulneración de sus derechos y puede considerarse una forma de coacción.
La responsabilidad de los adultos
Los padres y cuidadores tienen el deber de proteger a los niños y garantizar su bienestar en todo momento. Si bien tienen el derecho a expresar sus propias opiniones y participar en actividades políticas, deben ser conscientes de que sus hijos no son extensiones de su ideología ni instrumentos de protesta. En lugar de exponerlos a situaciones potencialmente peligrosas, es preferible educarlos en espacios seguros, a través del diálogo, la lectura y otras actividades que fomenten su pensamiento crítico sin comprometer su seguridad.
Llevar a niños a marchas políticas o manifestaciones supone riesgos innecesarios para su seguridad y bienestar. Además, vulnera su derecho a no ser involucrados en asuntos que competen a los adultos. Es responsabilidad de los padres y la sociedad en su conjunto garantizar que los menores crezcan en un entorno donde puedan desarrollar su pensamiento propio sin ser utilizados como herramientas de activismo.
Descubre más desde Hauschildt
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
