En un ejercicio de clara incoherencia, los ayuntamientos imponen a negocios y empresas requisitos estrictos para la habilitación de sus espacios, mientras ellos mismos incumplen las normativas que exigen. Un ejemplo evidente de esta contradicción es la regulación de los pasillos peatonales dentro del sector privado: se exige un mínimo de 120 cm para pasillos principales y de 100 cm para pasillos secundarios, bajo la premisa de garantizar el libre tránsito y la accesibilidad universal. Sin embargo, basta con dar un paseo por cualquier ciudad para notar que estas medidas no se aplican a las aceras y espacios públicos.
La ironía de esta situación es evidente. Mientras los negocios y empresas son forzados a adaptar sus instalaciones para cumplir con estas medidas, las propias administraciones no ofrecen infraestructuras públicas acordes a tales exigencias. Aceras en mal estado, ocupadas por farolas, carteles, cubos de basura y carriles bici, son solo algunas de las barreras cotidianas que los peatones deben sortear. En muchas ocasiones, estos elementos reducen los espacios de paso a menos de 100 cm, impidiendo el desplazamiento fluido de personas con movilidad reducida, cochecitos de bebé o incluso transeúntes comunes.
El problema no es solo de accesibilidad, sino también de equidad y coherencia en la aplicación de normativas. Si la justificación de estas medidas en el sector privado es la seguridad y comodidad del ciudadano, ¿por qué el sector público no está obligado a cumplir con las mismas reglas? La situación actual refleja una falta de responsabilidad por parte de las administraciones locales, que parecen priorizar el control sobre el sector privado mientras descuidan su propio desempeño en el mantenimiento del espacio urbano.
Además, esta disparidad normativa tiene repercusiones económicas y sociales. Los negocios deben destinar recursos a cumplir con estas regulaciones, mientras que los ayuntamientos no invierten lo suficiente en mejorar las infraestructuras urbanas. Esta doble vara de medir no solo genera frustración entre los comerciantes y empresarios, sino que también afecta la calidad de vida de los ciudadanos, quienes a diario enfrentan barreras arquitectónicas que podrían evitarse con una mejor gestión.
Es momento de que las administraciones públicas asuman su responsabilidad y apliquen en sus propios espacios las normativas que exigen a los demás. No se trata solo de exigir, sino de predicar con el ejemplo. Si realmente se busca una ciudad accesible y funcional, la primera obligación de los ayuntamientos es garantizar que las aceras y espacios públicos cumplan con las mismas condiciones que ellos mismos imponen al sector privado. De lo contrario, el mensaje es claro: «haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago».
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