Grafitis

El grafiti ha sido objeto de innumerables debates en nuestra sociedad. Para algunos, es una forma de expresión artística; para otros, un claro ejemplo de vandalismo que invade y degrada nuestros espacios públicos y privados. Sin embargo, más allá de su valor estético o cultural, hay cuestiones que requieren un análisis más crítico, como el costo que implica para los ciudadanos, la transgresión de la propiedad privada y el derecho de los ciudadanos a no ser expuestos a estas manifestaciones visuales.

Costos asumidos por todos

Es importante resaltar que el grafiti no es una expresión gratuita para la sociedad. De hecho, cada vez que una pared, un monumento o una infraestructura pública es «decorada» con grafitis no autorizados, los costos de limpieza y restauración suelen ser asumidos por el Estado. ¿Y qué significa esto en términos reales? Que somos los ciudadanos quienes, a través de nuestros impuestos, financiamos las consecuencias de este tipo de intervenciones. Ciudades de todo el mundo destinan millones de dólares anuales para remover grafitis, fondos que podrían ser invertidos en mejorar servicios básicos, educación o salud.

¿Arte o simple vandalismo?

Si bien hay quienes consideran el grafiti como una forma de arte urbano, debemos cuestionarnos qué tan válido es imponer esta visión a todos los ciudadanos. Una obra de arte, por definición, debería buscar consensos, dialogar con su entorno y respetar los espacios. Cuando el grafiti aparece de manera abrupta, invadiendo propiedades sin autorización, deja de ser una expresión artística para convertirse en un acto de vandalismo. La calificación de «arte» no puede ser una excusa para justificar la falta de respeto hacia lo ajeno.

El atropello a la propiedad privada

Uno de los aspectos más preocupantes del grafiti es su carácter invasivo. Las fachadas de negocios, viviendas y edificios históricos son blancos frecuentes de los grafiteros. Esto no solo representa un problema estético, sino también un atropello al derecho de los propietarios de decidir sobre el aspecto de sus bienes. ¿Por qué alguien debería aceptar que su propiedad sea utilizada como lienzo sin su consentimiento? Este tipo de acciones no solo generan molestia, sino también gastos adicionales para quienes deben repintar o restaurar sus propiedades.

El derecho a no ver

Un argumento que rara vez se escucha en estos debates es el derecho de los ciudadanos a no ser forzados a consumir grafitis. No todos disfrutan de esta forma de expresión visual, y es injusto que se nos imponga en cada esquina, muro o transporte público. Las ciudades deberían ser espacios donde todos puedan convivir respetando los gustos y preferencias de cada quien. Al llenar las paredes con grafitis no solicitados, se está violando este derecho básico.

Un llamado a la reflexión

Es necesario replantearnos el impacto del grafiti en nuestras ciudades. Si bien hay espacios designados donde esta práctica puede florecer como una forma de arte urbano, no debería confundirse con el vandalismo que afecta la propiedad ajena y genera costos para la sociedad. Defender el grafiti como arte no puede hacerse a expensas de los derechos y recursos de los demás. El respeto mutuo y el diálogo son esenciales para construir ciudades donde todos podamos sentirnos representados y cómodos.