La crisis de la vivienda es un problema que afecta a numerosos países, y abordarlo requiere cambios estructurales y sociales. Partiendo de la premisa de que la vivienda es un derecho fundamental, pero no una posesión perpetua como otros bienes, existen varias propuestas que pueden contribuir a resolver este problema y garantizar un acceso justo y sostenible para todos.
Este artículo presenta una serie de ideas basadas en el concepto de “derecho de uso y disfrute” de una vivienda y busca establecer un marco de reformas que promueva la accesibilidad, la justicia y la equidad en el sector de la vivienda.
1. Redefinición de la Propiedad de la Vivienda como Derecho de Uso y Disfrute
Desde esta perspectiva, el suelo y lo que se construye sobre él son bienes que, en última instancia, pertenecen al Estado. Por lo tanto, los ciudadanos no deberían considerarse dueños absolutos de las viviendas, sino titulares del derecho al uso y disfrute de ellas. Este cambio conceptual puede ayudar a desmitificar la vivienda como inversión y a centrar su propósito en satisfacer la necesidad básica de un hogar. Si entendemos la vivienda bajo este marco, podríamos promover un uso más justo y equitativo de los recursos habitacionales.
2. Interpretación Constitucional del Derecho a la Vivienda
La Constitución suele garantizar el derecho a la vivienda, pero este derecho ha sido interpretado de diversas maneras. Tener derecho a una vivienda no significa que alguien pueda tomar posesión de una vivienda ajena sin compensación ni sacrificio personal. Más bien, este derecho establece que el gobierno debe velar por la disponibilidad de viviendas y no restringir injustamente el acceso a una vivienda digna. En este sentido, el Estado tiene la responsabilidad de facilitar y proteger el acceso a la vivienda sin intervenir de manera que vulnere los derechos de otros.
3. Liberación de Suelo para Construcción de Viviendas
Uno de los factores que encarece la vivienda es la disponibilidad limitada de suelo urbanizable. Al liberar suelo para la construcción de viviendas, el Estado podría aumentar la oferta habitacional y contribuir a la estabilización de precios. Esta liberación de suelo debe llevarse a cabo de manera planificada para evitar la expansión desordenada y garantizar que se respete el medio ambiente.
4. Simplificación de la Burocracia para Construcción y Mantenimiento
La construcción, reparación y mantenimiento de viviendas suelen enfrentar múltiples trabas burocráticas. Simplificar y agilizar los trámites administrativos reduciría los costos y tiempos asociados a la construcción de nuevas viviendas, mejorando así la oferta habitacional. Esto implicaría reducir licencias y permisos innecesarios y crear un marco regulatorio claro y eficiente.
5. Eliminación de las Tasas de Basura en Viviendas
Actualmente, las tasas de basura suelen aplicarse a las viviendas, sin embargo, la basura es generada por los individuos, no por los inmuebles. Eliminando estas tasas sobre las viviendas se reducirían los costos para los propietarios y se fomentaría un uso más eficiente de los recursos. Esta política también podría establecerse de forma que las tasas sean justas y reflejen el impacto de los individuos y no de la vivienda en sí.
6. Reducción de Impuestos para Construcción y Mantenimiento de Viviendas
Los altos costos de construcción y mantenimiento, agravados por las tasas e impuestos, elevan el precio final de las viviendas. Reducir estas tasas incentivaría la construcción y el mantenimiento, facilitando que los precios se mantengan más asequibles y promoviendo un parque de viviendas en mejores condiciones.
7. Eliminación del Impuesto de Sucesiones en la Vivienda Habitual
El impuesto de sucesiones es especialmente perjudicial para los herederos menores de edad y para familias con dificultades financieras, ya que pueden verse obligados a vender la vivienda para cubrir el impuesto. Eliminar este impuesto para la vivienda habitual protegería el patrimonio familiar y permitiría que los herederos puedan conservar un hogar sin una carga fiscal excesiva.
8. Derecho de Acceso a la Vivienda para Nacionales
Las personas con nacionalidad en el país deberían tener derecho al uso y disfrute de una vivienda, siempre y cuando puedan demostrar que la han obtenido con el esfuerzo de su trabajo o de otra forma lícita. Esto garantiza que la vivienda esté vinculada al esfuerzo personal, promoviendo la responsabilidad individual y reduciendo la especulación en el sector habitacional.
9. Protección de la Vivienda Habitual Contra Expropiaciones y Embargos
La vivienda habitual debe estar protegida de expropiaciones, embargos y robos, incluyendo aquellos provenientes de organismos gubernamentales. La familia debe tener garantizado un techo donde vivir, lo que contribuiría a la estabilidad y seguridad de los hogares, especialmente en situaciones de crisis económica o desempleo.
10. Créditos para Primeras Viviendas Únicamente
Limitar el acceso a créditos hipotecarios para la compra de primeras viviendas según las necesidades familiares podría reducir la especulación y el encarecimiento en el mercado de la vivienda. Las hipotecas para la compra de segundas viviendas o propiedades de lujo deberían estar limitadas o sujetas a normativas más restrictivas. Esto garantizaría que los recursos financieros se utilicen principalmente para satisfacer necesidades habitacionales.
11. Distinción Entre Propiedades Residenciales y Comerciales
La primera vivienda de un individuo debe estar protegida bajo la ley civil, lo cual garantizaría derechos básicos y protección a nivel personal. Sin embargo, a partir de la segunda propiedad, la adquisición de inmuebles debería considerarse una actividad comercial, regulada bajo la ley mercantil y sujeta a regulaciones empresariales. Esto establecería una clara diferencia entre la necesidad de un hogar y la inversión en propiedades, promoviendo un mercado inmobiliario más justo y equilibrado.
12. Propiedades de Extranjeros Mediante Empresas
Los extranjeros que deseen adquirir el derecho de uso y disfrute de una vivienda deben hacerlo mediante la constitución de una empresa y bajo la regulación mercantil. Esto aseguraría que los recursos locales se destinen primero a satisfacer las necesidades de vivienda de la población nacional y reduciría la especulación extranjera en el mercado de la vivienda.
El problema de la vivienda es un desafío complejo que requiere una serie de reformas estructurales. Partiendo de la redefinición de la propiedad de la vivienda como derecho de uso y disfrute y abordando los aspectos fiscales, regulatorios y de mercado, estas propuestas buscan un equilibrio entre el derecho al acceso a la vivienda y la responsabilidad individual. El objetivo es crear un sistema justo, accesible y sostenible, que garantice el acceso a una vivienda digna sin sacrificar la estabilidad económica ni la equidad en el sector inmobiliario.
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