En el imaginario colectivo, la idea de ser propietario de un inmueble se asocia con independencia, seguridad y control. Sin embargo, al analizar detenidamente la situación, podría decirse que ser dueño de un inmueble no equivale a tener una propiedad plena en el sentido más puro del concepto. La realidad jurídica, económica y social limita significativamente el uso y disfrute de lo que llamamos «propiedad inmobiliaria».
El derecho a la propiedad frente a las limitaciones legales
La propiedad, según el concepto clásico, implica el pleno control y disposición sobre un bien. Sin embargo, en el caso de los inmuebles, este derecho está condicionado por una amplia gama de restricciones legales:
- Expropiación forzosa: El gobierno tiene la facultad de expropiar un inmueble bajo ciertas circunstancias, amparándose en el «interés público». Aunque se promete una indemnización, el hecho de que el Estado pueda despojar a un ciudadano de su propiedad genera dudas sobre si este derecho es absoluto.
- Ocupaciones ilegales: La proliferación de ocupas pone de manifiesto una realidad alarmante: un propietario puede ver su inmueble invadido y, a menudo, las leyes no le permiten recuperarlo rápidamente. Este fenómeno pone en entredicho la verdadera capacidad de control sobre el bien.
- Reformas y permisos: Incluso para realizar modificaciones dentro del inmueble, el propietario debe solicitar permisos al ayuntamiento. Esto evidencia que el control sobre la propiedad no es tan absoluto como se podría esperar.
- Cargas fiscales: Ser propietario de un inmueble conlleva obligaciones tributarias, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), entre otros. No pagar estos impuestos puede derivar en sanciones e incluso en la pérdida de la propiedad. En este contexto, parecería que el «dueño» es más un arrendatario perpetuo del Estado.
El control en el contexto de los alquileres
Para aquellos que desean rentar su inmueble, las restricciones también son significativas. Las leyes de alquileres, que buscan proteger a los inquilinos, imponen límites a las condiciones contractuales y los precios. Aunque estas regulaciones tienen un fin social, limitan el derecho del propietario a decidir cómo administrar su bien.
La herencia y la perpetuación del «derecho»
La herencia, otro aspecto crucial de la propiedad, también está sujeta a restricciones. Cuando un hijo hereda un inmueble, debe enfrentar una carga fiscal significativa, incluso si ha vivido toda su vida en la propiedad. Incluso en casos donde el heredero sea menor de edad y haya residido siempre en el inmueble, deberá pagar impuestos para poder quedarse en la propiedad «que ya era suya». Esto refuerza la idea de que el derecho de propiedad está subordinado a las exigencias del Estado.
¿Propietarios o usuarios privilegiados?
En la práctica, lo que los propietarios poseen no es una propiedad en sentido pleno, sino un derecho condicionado al uso y disfrute del inmueble. Las intervenciones estatales y las normativas sociales convierten la propiedad en una suerte de concesión con obligaciones permanentes.
Esta reflexión no busca restar valor a la tenencia de inmuebles, sino evidenciar cómo el concepto clásico de propiedad ha sido reinterpretado en un contexto donde el interés público y las regulaciones prevalecen sobre los derechos individuales. Ser dueño de un inmueble ya no implica dominio absoluto, sino más bien una condición de gestor bajo las normas de una sociedad cada vez más intervencionista. ¿Es esto algo que debemos aceptar sin cuestionar?
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